El magistrado José La Rosa Sánchez anunció que iniciará acciones legales contra las personas que resulten responsables de difundir información que considera falsa y agraviante respecto al reciente fallo emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Áncash en un proceso seguido contra exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash.
Durante declaraciones brindadas a medios locales, el juez rechazó las versiones difundidas en redes sociales y diversos espacios digitales, donde se le acusa de haber favorecido presuntamente a algunos procesados vinculados a un caso de presuntas irregularidades en la adquisición de uniformes para trabajadores del Gobierno Regional durante el año 2015.
Proceso fue archivado por prescripción
Según explicó el magistrado, el expediente llegó a la sala de apelaciones en marzo del 2026, luego de una sentencia condenatoria emitida en primera instancia contra varios exfuncionarios investigados por el delito de negociación incompatible.
No obstante, uno de los coprocesados presentó una excepción de prescripción de la acción penal, la cual fue evaluada por el colegiado judicial. Tras el análisis correspondiente, la sala concluyó que el plazo legal había vencido debido al tiempo transcurrido durante el desarrollo del proceso.
La Rosa precisó que el delito investigado tenía un plazo de prescripción aproximado de diez años, considerando además los alcances de la denominada “Ley Soto”, norma que posteriormente fue ratificada por el Congreso y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional.
Reparación civil sí deberá cumplirse
A pesar de haberse declarado prescrita la acción penal, el magistrado aclaró que la responsabilidad civil continúa vigente. Por ello, la sala ordenó que los involucrados paguen de manera solidaria una reparación civil ascendente a 11 mil soles a favor del Estado por el perjuicio ocasionado.
Asimismo, indicó que se dispuso remitir copias a los órganos de control correspondientes para que investiguen las causas de la demora procesal que permitió que el caso llegara a la etapa de apelación luego de aproximadamente una década.
Niega vínculos y anuncia acciones legales
El juez también negó mantener vínculos personales o políticos con los procesados favorecidos por la resolución judicial y sostuvo que las publicaciones difundidas afectan no solo su imagen personal, sino también la credibilidad del Poder Judicial.
En ese sentido, anunció que presentará una querella y solicitará que las unidades especializadas en delitos informáticos investiguen el origen de las publicaciones y determinen posibles responsabilidades.
El caso continúa generando debate en la opinión pública regional, especialmente por tratarse de un proceso relacionado a presuntos actos de corrupción y por las recientes controversias surgidas alrededor del fallo judicial.