Un pedido de suspensión y control de legalidad fue presentado ante la Dirección Regional de Educación de Áncash, mientras que los hechos también fueron puestos en conocimiento de su Órgano de Control Institucional (OCI). Los documentos solicitan verificar los requisitos y el sustento que permitió modificar una evaluación inicialmente declarada improcedente.
HUARAZ.– El proceso de rotación del personal administrativo sujeto al Decreto Legislativo N.° 276 de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DRE Áncash) ha sido objeto de cuestionamientos administrativos respecto de la plaza N.° 625268814910, correspondiente al cargo de Técnico Administrativo II – Almacén.
De acuerdo con documentación presentada ante la entidad, se ha solicitado la suspensión inmediata de la adjudicación de dicha plaza, así como de los actos administrativos posteriores destinados a materializar la rotación, hasta que se verifique integralmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo.
DE IMPROCEDENTE A FUNDADO
Uno de los principales aspectos planteados para revisión corresponde al cambio producido durante la evaluación.
Según la documentación incorporada al expediente, en el cuadro preliminar la postulación de Rosa Ida Mallqui de Rodríguez fue declarada “IMPROCEDENTE, por el grupo ocupacional”. Posteriormente, tras la presentación de una reclamación, el Comité modificó el resultado y declaró fundado el reclamo, haciendo referencia al Manual de Clasificador de Cargos aprobado mediante R.S.G. N.° 248-2024-MINEDU.
Precisamente, el cuestionamiento presentado no sostiene que el cambio sea por sí mismo ilegal, sino que solicita conocer y verificar qué elementos técnicos y documentales sustentaron la nueva decisión.
PIDEN VERIFICAR FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y CORRESPONDENCIA DEL CARGO
Otro punto planteado está relacionado con los requisitos específicos establecidos para Técnico Administrativo II.
La documentación adjunta al pedido señala que el Manual de Clasificador de Cargos establece como requisito de formación académica un título de educación superior no universitaria relacionado con la especialidad, indica que la equivalencia de formación académica “No aplica” y exige experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Como parte de los elementos aportados para que la autoridad realice la verificación, se adjuntó una consulta al registro oficial de grados y títulos. Según el escrito, en dicha consulta aparecen una Licenciatura en Administración y un Bachiller en Administración, mientras que en el apartado correspondiente a títulos tecnológicos no se visualizaba un registro.
El propio documento precisa, sin embargo, que esta situación no es presentada como prueba definitiva de que la postulante carezca de un título técnico. Lo que se solicita es que el Comité determine qué documento fue presentado para acreditar el requisito o, de haberse aplicado algún criterio de equivalencia, cuál fue el sustento normativo utilizado.
TAMBIÉN SE PLANTEA REVISAR EL CARGO DE ORIGEN
Los documentos también solicitan verificar la correspondencia entre el cargo de origen y el de destino.
Según la consulta MCPP incorporada al expediente, la postulante aparece registrada con el cargo funcional de Auxiliar de Biblioteca I, condición nombrada, Grupo Ocupacional Técnicos y nivel STE – Servidor Técnico E. El escrito reconoce expresamente que dicho registro acredita su pertenencia al Grupo Ocupacional Técnico, pero plantea que ello, por sí solo, no determinaría automáticamente el cumplimiento de todos los requisitos correspondientes al cargo de Técnico Administrativo II.
Por ello, se solicita que sea la autoridad competente la que determine si existe la correspondencia funcional requerida entre ambos cargos.
DOCUMENTACIÓN TAMBIÉN FUE PRESENTADA ANTE EL OCI
El caso fue puesto además en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la DRE Áncash, solicitándose que evalúe los hechos y la documentación dentro de sus competencias.
Entre otros aspectos, se pide al OCI verificar la actuación del Comité respecto de la formación académica, experiencia, nivel de carrera, grupo ocupacional y correspondencia funcional entre el cargo de origen y destino, así como revisar la motivación y el sustento documental mediante el cual se produjo el cambio de improcedente a fundado.
En el escrito presentado al órgano de control también se señala que, de la documentación pública revisada por la recurrente, no se apreciaría una explicación detallada sobre qué título fue considerado, cómo se acreditó la experiencia exigida, cuál sería la correspondencia entre ambos cargos y qué sustento permitió superar la observación inicial. Estas son observaciones formuladas en el escrito y sujetas a verificación por las autoridades, no conclusiones de Recuay Noticias ni del OCI.
NO EXISTE, CON ESTOS DOCUMENTOS, UNA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Un aspecto importante es que la propia comunicación dirigida al OCI establece expresamente que no formula una imputación categórica de responsabilidad administrativa, civil o penal contra persona alguna, sino que solicita al órgano competente verificar hechos objetivos y documentación.
Por tanto, la presentación de estos documentos no permite afirmar que se haya cometido una irregularidad ni atribuir responsabilidad a la postulante, al Comité de Rotación o a algún funcionario de la DRE Áncash.
Lo que existe actualmente, conforme a la documentación revisada por este medio, es un cuestionamiento administrativo formal y una solicitud de intervención y verificación de las instancias competentes.
Corresponderá a la DRE Áncash y al Órgano de Control Institucional, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, evaluar los documentos y determinar si las actuaciones observadas se encuentran conforme a la normativa aplicable o si corresponde adoptar alguna medida.
Recuay Noticias deja abierto el espacio para que la Dirección Regional de Educación de Áncash, el Comité de Rotación y las personas mencionadas en los documentos puedan brindar sus precisiones, descargos o documentación complementaria.
