La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, aprobó una nueva directiva que regula el uso del correo electrónico institucional en las entidades públicas del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad digital, la protección de la información oficial y la gestión adecuada de las comunicaciones electrónicas dentro de la administración pública.
Se trata de la Directiva N.° 001-2026-PCM/SGTD, una norma de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado, incluyendo ministerios, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, municipalidades, universidades públicas y empresas estatales.
Correos institucionales serán considerados activos digitales del Estado
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa establece que el servicio de correo electrónico institucional, las cuentas asignadas a los servidores públicos y toda la información contenida en ellas constituyen activos digitales de propiedad de cada entidad pública.
Esto significa que los correos institucionales no pertenecen a los funcionarios o trabajadores que los utilizan, sino a la institución a la que sirven, por lo que la información generada, recibida o almacenada mediante estas cuentas forma parte del patrimonio digital del Estado.
La medida busca garantizar una adecuada gestión documental, fortalecer la transparencia institucional y asegurar la conservación de la información oficial generada durante el ejercicio de funciones públicas.
Mayor seguridad y control de las comunicaciones oficiales
La directiva también establece una serie de lineamientos destinados a reforzar la seguridad informática y la confiabilidad de las comunicaciones electrónicas institucionales.
Entre los principales objetivos se encuentran:
- Garantizar la autenticidad de los mensajes oficiales.
- Fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones.
- Mejorar la conservación y respaldo de la información institucional.
- Reducir riesgos asociados a la pérdida de datos.
- Incrementar la protección frente a amenazas cibernéticas.
- Establecer responsabilidades claras para los usuarios de cuentas institucionales.
Asimismo, la norma determina obligaciones específicas tanto para las entidades públicas como para los servidores y funcionarios que utilizan estos servicios, promoviendo un uso responsable y seguro de los recursos tecnológicos del Estado.
Entidades deberán abandonar correos privados para comunicaciones oficiales
Otro aspecto importante de la directiva establece que las instituciones públicas que actualmente utilizan dominios privados o plataformas comerciales para sus comunicaciones oficiales deberán iniciar un proceso de adecuación para contar con dominios institucionales propios.
La medida busca fortalecer la identidad digital de las entidades públicas y mejorar los mecanismos de control y protección de la información gubernamental.
Según lo dispuesto por la PCM, las entidades tendrán un plazo máximo de 12 meses para gestionar la obtención de sus dominios institucionales y migrar progresivamente sus comunicaciones oficiales a plataformas adecuadas para la administración pública.
Plazos de adecuación para gobiernos regionales y municipalidades
La norma establece diferentes plazos para la implementación de las nuevas disposiciones.
Los poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos regionales, universidades públicas y empresas estatales contarán con un plazo máximo de 12 meses para adecuarse a la directiva.
En el caso de las municipalidades, los plazos serán diferenciados y podrían oscilar entre 18 y 36 meses, dependiendo de sus capacidades operativas, tecnológicas y presupuestales.
Transformación digital en el Estado
Especialistas consideran que esta medida forma parte del proceso de modernización y transformación digital que viene impulsando el Gobierno, orientado a fortalecer la gestión pública mediante el uso seguro de tecnologías de la información.
La implementación de estos lineamientos permitirá mejorar la administración de los activos digitales del Estado, optimizar la gestión documental electrónica y fortalecer la confianza de los ciudadanos en los procesos digitales desarrollados por las entidades públicas.
Con esta nueva directiva, el Estado peruano busca avanzar hacia una administración pública más segura, transparente, eficiente y alineada con los estándares modernos de gobierno digital.